
Auditoría total al Estado culmina con 1.529 hallazgos y deriva 16 casos a Contraloría, CDE y Fiscalía
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno realizó este martes su última sesión y dio por cerrado el proceso de “Inspección Total”, iniciativa desarrollada desde el 11 de marzo para revisar el funcionamiento y la gestión de más de 500 servicios del Gobierno Central durante el período 2022-2026.
El proceso involucró a más de 1.000 auditores internos y contempló cuatro etapas: recolección de datos; detección e investigación de señales de alerta; análisis de hallazgos; y corrección y derivación de los antecedentes.
De acuerdo con el balance entregado por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se analizaron más de 913 millones de registros de datos, a partir de los cuales se identificaron 26 señales de alerta que dieron origen a 360 programas de auditoría interna.
Como resultado de estas revisiones se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que, según su naturaleza y gravedad, requieren distintas medidas correctivas.
Del total, 118 hallazgos distribuidos en 57 servicios cuentan con recomendación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) para instruir sumarios administrativos, con el objetivo de determinar la eventual existencia de responsabilidades individuales.
Derivaciones a organismos fiscalizadores y persecutores
Dentro de la Inspección Total se priorizó además la revisión de nueve servicios y materias consideradas de especial interés. A partir de ese trabajo se instruyeron investigaciones internas y se realizaron derivaciones a distintos organismos.
En concreto, siete casos fueron remitidos a la Contraloría General de la República, cinco al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público, para que las instituciones competentes determinen las acciones que correspondan de acuerdo con los antecedentes.
Uno de los ámbitos examinados correspondió a las transferencias realizadas a personas jurídicas sin fines de lucro, entre ellas fundaciones y corporaciones. La revisión buscó conocer el estado de sus rendiciones y detectar eventuales brechas en los mecanismos utilizados por el Estado para realizar seguimiento de estos recursos.
Según el balance del Gobierno, los antecedentes evidenciaron una dificultad estructural para efectuar un seguimiento adecuado de las transferencias y sus rendiciones. La información se encuentra distribuida entre distintos servicios y sistemas, lo que dificulta disponer de una visión consolidada y oportuna sobre los montos transferidos, el estado de las rendiciones, la antigüedad de los saldos pendientes y las medidas adoptadas para regularizarlos.
Informe será entregado al Presidente
La subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del Comité Estratégico, Constanza Castillo, destacó el cierre del proceso y sostuvo que los resultados permitirán avanzar hacia una etapa centrada en la corrección y seguimiento de las observaciones detectadas.
“Los recursos públicos son de todos los chilenos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos con el máximo rigor. Este proceso, inédito por su magnitud, es un primer paso para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la gestión del Estado”, señaló.
El Comité acordó elaborar un informe final de la Inspección Total, que será entregado al Presidente de la República, José Antonio Kast, y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado.
Paralelamente, el CAIGG continuará monitoreando la implementación de las medidas correctivas derivadas de los hallazgos, con el propósito de verificar que los respectivos servicios adopten las acciones comprometidas.
Al término de la última sesión, Castillo destacó que el proceso buscó cumplir con el compromiso del Gobierno de revisar el funcionamiento del aparato estatal y detectar tanto falencias como oportunidades de mejora.
“Hoy cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República: revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”, afirmó, agregando que el trabajo permitirá avanzar hacia un mejor uso de los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de control.
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